Desde hace varios días una ola de protestas recorre
Hong Kong. Predominantemente estudiantil, despertó la simpatía de muchos
sectores de la población. Entre ellos, hay un sector invisibilizado,
mayoritariamente femenino, que reclama sus derechos.
Las protestas que
recorren Hong Kong despertaron la simpatía de muchos sectores de la población.
La exigencia de elecciones y el repudio a la represión al movimiento
estudiantil revitalizan la pelea de otros sectores por derechos elementales.
Existe un sector numeroso de la clase trabajadora de Hong Kong, cuya
mayoría son mujeres, que no gozaría de ningún derecho, aun cuando las protestas
lo conquistaran. Se trata de las trabajadoras domésticas migrantes, a quienes
no se les reconoce la ciudadanía, y por lo tanto les son negados los derechos
mínimos que esta confiere.
La mayoría proviene de países de países de la región, especialmente de
Filipinas, Myanmar e Indonesia. Huyen de la pobreza de sus hogares con la
promesa de un trabajo bien remunerado en Hong Kong, pero la realidad que
encuentran a su llegada es muy diferente.
Son casi 321 mil trabajadoras domésticas extranjeras. Una fuerza de
trabajo femenina migrante casi en su totalidad. No poseen derechos de
residencia pero son quienes limpian las casas, cuidan de familias enteras, y
preparan la comida de millones de hongkoneses.
Gran parte de ese sector apoya las actuales movilizaciones, pero dicen,
con razón, que para conseguir el “sufragio universal”, las trabajadoras
domésticas migrantes deberían ser reconocidas. Así lo expresan las
declaraciones de Vicky Casia, una trabajadora doméstica filipina de 60 años, en
Al Jazeera America: “Estamos muy orgullosas de lo que están haciendo. Esto es
historia”, y agregó: “Sería un gran logro para nosotras, si incluyeran en su
lucha también los derechos para los trabajadores migrantes”.
El conflicto no es nuevo. En 2013, el máximo tribunal de Hong Kong había
respaldado la negativa de las autoridades de Hong Kong a otorgar la residencia
al sector doméstico. Esto margina a miles de trabajadoras y sus familias que no
pueden acceder a la salud y los servicios básicos.
El estatus de ciudadanas de segunda las deja a merced de sus
empleadores. Son obligadas (por ley) a vivir en la casa de sus empleadores, con
suerte cobran el salario mínimo (cercano a los 400 dólares mensuales), y son
conocidos los abusos. Las golpizas a las empleadas son tan comunes, que en
algunos países las jóvenes que se preparan para trabajar en Hong Kong practican
defensa personal antes de viajar.
Un estudio de 2012 comprobó que el 18 por ciento de las trabajadoras
denunció abusos por parte de sus empleadores (y solo una pequeña porción
denuncia los abusos). Las obligan a firmar recibos de sueldo que no cobran y
trabajan durante jornadas que llegan a las 20 horas. Están atadas a sus
patrones, ya que si no consiguen trabajo durante las dos semanas posteriores a
la finalización de su contrato deben abandonar Hong Kong. De esta forma, son
colocadas en un estado de virtual servidumbre, tras la fachada de un régimen de
trabajo doméstico.
Según la Asociación de Migrantes de Asia-Pacífico, las principales
demandas de las trabajadoras domésticas incluyen: “Que se eliminen la
obligatoriedad de convivencia, la regla de las dos semanas, y dos prohibiciones
muy injustas: que no se permita cambiar de empleador más de tres veces al año,
y que no se permita a quienes han sido contratadas en origen como servicio
doméstico cambiar de sector si encuentran otro empleo”.
Algo similar sucede con el registro hukou utilizado en China, que ata
los derechos al lugar de nacimiento, desconociendo el enorme movimiento de
trabajadores migrantes en todo el país, que son discriminados en las ciudades
industriales. Es tan significativo el peso de la clase obrera migrante que el
gobierno de Beijing se vio obligado a estudiar reformas que amplíen los derechos
de ese sector.
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